ASOCIACIÓN FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 

DE GUATEMALA -FAMDEGUA-

Convoca a la 

AUDIENCIA PÚBLICA

CASO ZONA MILITAR No. 21 (CREOMPAZ)

Día: 27 de Febrero de 2017

Lugar:  Tercer Nivel

Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia

Hora:  09:00 a.m.

Guatemala, febrero 2017

COMUNICADO PUBLICO

La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala a la opinión pública nacional e internacional en el marco de la Conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, manifiesta:

1.      El 23 de febrero de 1984, hace 33 años fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas de seguridad y armadas del Estado de Guatemala, los hijos de dos mujeres fundadoras de FAMDEGUA, siendo ellos  OSCAR DAVID HERNÁNDEZ QUIROA Y SERGIO SAÚL LINARES MORALES.  En ese mismo mes, otras 21 personas fueron víctimas de una de las prácticas más abominables y perversas de la historia guatemalteca la DESAPARICIÓN FORZADA, que género en muchas madres y padres sentimientos de angustia, incertidumbre y dolor, que aún hoy día siguen siendo una tortura psicológica al no saber el paradero de nuestros seres queridos.

2.   Desde 1979 a 1996 solo en el mes de febrero de ese período, FAMDEGUA registro a 149 personas detenidas desaparecidas, de las cuales corresponden a hombres, mujeres, niñas y niños esto demuestra que la práctica de la desaparición forzada, no fue una acción aislada, sino era parte de una estrategia de los planes contrainsurgentes que silencio las voces disonantes con las políticas militaristas del Ejército de Guatemala, quien asume la conducción del país durante la década de los años sesenta.

                                                                                         

3.      En este día queremos RECORDARLOS y DIGNIFICARLOS por su incansable lucha por construir una Guatemala diferente, porque sus ideales siguen firmes y están presentes en nuestra lucha por la búsqueda de cada uno, así como, del esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido a nuestros  seres queridos.

4.      EXIGIMOS Y DEMANDAMOS del Estado de Guatemala, la aprobación de la iniciativa de ley 3589 que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y otras formas de Desaparición durante el CAI.

Desaparecidos durante el mes de febrero de 1984

Iván Haroldo Castillo Rodríguez          Victoriano Balam Yool          Frimeo de Jesús Díaz Hernández

Sergio Manfredo Belteton De León      Leonso García Ramos           Tomasa Tacaín Juárez

Eladio Culajay Castañeda                     Manuel Ismael Salanic          Gregorio Aguilar López

Luis Alberto Ortíz Quintanilla              Marcial Xil Chocoj               César Suruy Cano

Carlos Alberto Ramírez Gálvez            Jorge David Calvo Drado     Angelina Choc Caal

Carlos Guillermo Ramírez Gálvez        Jorge Calvo Barajas              Santiago López Aguilar

José Luis Villagrán Díaz                       Edgar Fernando García        Julio César Pereira Vásquez

Oscar David Hernández Quiroa            Sergio Saúl Linares Morales

Guatemala, 23 de febrero de 2017

JUEZA PESQUISIDORA DEBE DAR CON LUGAR EL ANTEJUICIO,  PRUEBAS DE DIPUTADO OVALLE CARECEN DE FUNDAMENTO.

El 14 de febrero pasado el diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado se presentó ante la Jueza Pesquisidora Benicia Contreras Calderón para presentar sus pruebas de descargo frente al proceso de antejuicio en su contra dentro del caso por graves violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada y violencia sexual cometida en la Zona Militar No. 21 (actualmente CREOMPAZ) durante el conflicto armado interno, lugar donde estuvo el actual diputado.

Ante la campaña mediática desencadenada luego de su comparecencia, las víctimas y organizaciones querellantes en este caso manifestamos a la sociedad guatemalteca, al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la comunidad internacional que las pruebas presentadas pretenden desvirtuar los hechos por lo que se ha pedido su antejuicio.  Además, que los hechos atribuidos por el Ministerio Público se encuentran debidamente acreditados con un conjunto de prueba que establece la responsabilidad del señor Justino Ovalle en dichos hechos.

Los elementos presentados por el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado ante la Jueza Pesquisidora y difundidos a través de algunos medios de comunicación, tienen el propósito de desinformar a la población y a la comunidad internacional respecto a la responsabilidad en que incurrió el señor Justino Ovalle durante el tiempo en el que ejerció los cargos de S2 y S3 en la Zona Militar No. 21 con Sede en Cobán, Alta Verapaz en el conflicto armado interno.

De conformidad con el derecho internacionalidad y nacional, las víctimas del conflicto armado interno deben ser tuteladas y por tanto, es obligación del Estado, investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos.  Es importante aclarar que la información que ha circulado por los medios de comunicación en defensa del señor Justino Ovalle tergiversa los hechos y las pruebas con que el Ministerio Público acredita la responsabilidad de dicha persona.

La ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- y el Código Procesal Penal, plantean que el Ministerio Público tiene la facultad de requerir en cualquier caso, la práctica de peritajes tanto al INACIF, como a cualquier otra persona particular que sea idónea para la práctica de los mismos, sin ser requisito necesario tener la calidad de colegiado activo, por lo que todos los peritajes presentados por el MP están enmarcados en la ley.

La Secretaria General a.i. Gabriela González Cornejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses carece de facultades legales conforme a la ley y a los manuales de organización, procedimientos y funciones, para dictaminar y concluir sobre las entidades que tienen facultades legales para emitir informes científicos, pues esto se encuentra claramente determinado en la ley.

Se DEMANDA la investigación por parte de las máximas autoridades del INACIF, como del Ministerio Público la investigación y en su caso procesamiento y sanción, de la Secretaria en mención para deducir las responsabilidades administrativas, penales y civiles derivadas de los dictámenes u oficios expedidos con inobservancia de la facultades legales propias del cargo desempeñado, así como, determinar si para la emisión de los dictámenes de dicha persona concurrieron hechos que sean calificados por la ley como tráfico de influencias u otras conductas delictivas.

Las víctimas de la Zona Militar No. 21 han esperado más de treinta años justicia, por lo que EXIGIMOS a la Jueza Pesquisidora que, dentro de los plazos legales y con estricto apego a la ley, emita el informe o dictamen correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia DECLARANDO CON LUGAR EL ANTEJUICIO del diputado Justino Ovalle, para garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas por las graves violaciones de derechos humanos.

EXIGIMOS EL ANTEJUICIO CONTRA EL DIPUTADO OVALLE

Guatemala, 16 de febrero de 2017

Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-

(asesores jurídicos:  Bufete DDHH)

Comunidad de Plan de Sánchez

(asesores jurídicos: CALDH)

Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia 

en las Verapaces Maya-Achí -ADIVIMA

Asociación de Vecinos de finca Chicoyoguito

Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz -CODEVI-

(asesores jurídicos: Bufete DDHH)

La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

a la opinión pública hace saber :

1. La década de los años ochenta, es la más cruel, violenta e inhumana vivida en Guatemala porque en ella se implementan planes contrainsurgentes que definieron como “enemigo interno” a cualquier persona o comunidad que se oponía y cuestionaba las políticas militaristas del Ejército de Guatemala, que asume el control de la vida nacional.  En esta época se consuma el genocidio contra la población maya-campesina, selectivamente ejecutaron extrajudicialmente y desaparecieron forzadamente a líderes populares, campesinos, sindicalistas, catequistas, catedráticos, estudiantes universitarios y de nivel secundario.

2. La conclusión del conflicto armado interno, genero esperanzas para la búsqueda, localización y esclarecimiento de la verdad de las más de 45 mil víctimas de desaparición forzada ocurridas en los 36 años de conflictividad armada, por el contrario, los gobiernos del post-conflicto, después de 20 años, han obviado dar respuesta a la demanda de los familiares sobrevivientes, aunado a ello, grupos conservadores de la sociedad han impedido que se conozca la verdad de los sucedido.

3. En el actual contexto, persiste una campaña mediática que pretende visualizar una problemática de polarización generada por una “izquierda trasnochada”, situación que se contrapone al derecho que les asiste a los familiares sobrevivientes para demandar el derecho de acceso a la Justicia, la cual ha sido denegada por más de tres décadas por las fuerzas conservadoras con poder político, económico y militar que buscan perpetuar la impunidad del pasado reciente.

4. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resaltan la responsabilidad y compromiso del Estado de Guatemala a impulsar un mecanismo nacional de búsqueda, localización y esclarecimiento de la verdad sobre las personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno.

5. En este mes de febrero, honramos y conmemoramos la memoria de nuestros familiares víctimas de desaparición forzada, por lo que exigimos al Presidente Jimmy Morales asumir con verdadera voluntad política la implementación de las recomendaciones 21, 22 y 23 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para la búsqueda, localización y esclarecimiento de la verdad sobre el paradero de nuestros seres queridos.