COMUNICADO PUBLICO

 La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:

1.    El 15 de mayo de 1984, hace 33 años fue detenido desaparecido por elementos de las fuerzas de seguridad y armadas del Estado de Guatemala; el hermano de una de las mujeres fundadoras de la Asociación FAMDEGUA; Rubén Amílcar Farfán quien junto a Carlos Ernesto Cuevas del Cid, Otto René Estrada Illescas, José Luis De León Díaz, Félix Estrada Mejía, las hermanas Maura y María Tobar Lima figuran entre las personas identificadas en el documento denominado Dossier de la Muerte o Diario Militar, que evidencia la responsabilidad estatal en la práctica de la desaparición forzada, una de las prácticas más abominables y perversas de la historia guatemalteca, que género en muchas madres y padres sentimientos de angustia, incertidumbre y dolor, que aún hoy día siguen siendo una tortura psicológica al no saber el paradero de sus seres queridos.

2.    Desde la constitución de FAMDEGUA en el año 1992, se tiene registrado en fichas 172 personas desaparecidas durante el mes de mayo, correspondientes a hombres, mujeres, niños y niñas del año de 1978 hasta 1996, lo que demuestra que la práctica de la desaparición forzada, no fue una acción aislada, sino era parte de una estrategia de los planes contrainsurgente que silencio las voces disonantes con las políticas militaristas del Ejército de Guatemala, quien asume la conducción del país durante la década de los años sesenta.

    

3.    En este día queremos RECORDARLOS y DIGNIFICARLOS por su incansable lucha por construir una Guatemala diferente, porque sus ideales siguen firmes y están presentes en nuestra lucha por la búsqueda de cada uno, así como, del esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido a nuestros  seres queridos.

4.    EXIGIMOS Y DEMANDAMOS del Estado de Guatemala, la creación de una Comisión nacional para la búsqueda de todas las personas víctimas de desaparición forzada durante el Conflicto Armado Interno, como lo establecen las recomendaciones de los Informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- y Recuperación de la Memoria Histórica –REMHI- del Arzobispado de Guatemala.

Guatemala, 19 de mayo de 2017

MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA APELACIÓN ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RESOLUCIÓN ILEGAL DE SALA EN CASO ZONA MILITAR No. 21 (CREOMPAZ)

La Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo, integrada por los magistrados Anabella Cardona Cámbara, Mynor Antonio Oxom Paredes y Marvin Fradigue Reyes Lee, denegó un amparo solicitado por el Ministerio Público interpuesto por la ilegal resolución de la Jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez quien no se pronunció en el acto de apertura a juicio sobre 90 víctimas de hechos delictivos dentro del caso de la antigua Zona Militar No. 21 (CREOMPAZ).

Denunciamos públicamente a los magistrados que integran esta Sala, ya que en su resolución NO fundamentan, ni analizan la actuación de la Jueza Claudette Domínguez y no entran a conocer los agravios por los cuales se plantea el amparo.  Al conocer la resolución de la Sala se puede observar que fueron copiados los argumentos de la Jueza, y se puede apreciar que no fueron revisados los audios de las audiencias ni la documentación presentada por el Ministerio Público que respalda la acción de amparo.

Con esta resolución la Sala se convierte en cómplice de la impunidad por los delitos de desaparición forzada, muerte de hombres, mujeres, niños, niñas y violencia sexual de mujeres de las comunidades de Los Encuentros y Pambach e incluso de la impunidad por los hechos cometidos en la construcción del proyecto Proyecto Chixoy.  La resolución de la Sala evidencia claramente una ilegalidad al dar la razón a la Jueza Claudette Domínguez por una violación a la ley cometida por ésta al no pronunciarse sobre estos hechos en la audiencia del 07 de junio de 2016, tal como lo establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, así como, el artículo 5 del referido Código al violentar el derecho a una tutela judicial efectiva para las víctimas.

En el amparo presentado por el Ministerio Público se explica a la Sala que, tal como lo vio la sociedad guatemalteca a través de los medios de comunicación, los hechos por los que no se pronunció la Jueza fueron debidamente imputados, situación que también consta en audios y que la misma Jueza obvió.

María Rafaela (32 años), Francisco Sánchez (4 años), Benita Osorio (27 años), Marina Chen (10 meses), Pedro López (24 años), y otras 85 personas víctimas de los delitos de desaparición forzada, contra los deberes de humanidad o violencia sexual, esperan JUSTICIA por los crímenes cometidos en la antigua Zona Militar No. 21.

Acudimos ahora a la Corte de Constitucionalidad ya que debe proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas ante esta grave violación a la Constitución Política de la República y se enmiende tan grave ilegalidad.  Queda en manos de la Corte de Constitucionalidad restituir el derecho a la justicia denegado a las víctimas por la Jueza Claudette Domínguez y los magistrados Anabella Cardona Cámbara, Mynor Antonio Oxom Paredes y Marvin Fradigue Reyes Lee, sus nombres han quedado escritos en la memoria del pueblo que espera justicia.

El caso de la antigua Zona Militar No. 21, ahora CREOMPAZ, es un caso de gran magnitud, único en su naturaleza, pues nunca se había encontrado en un solo lugar tantas personas víctimas, 565 osamentas de la represión, por lo que todos los hechos no pueden quedar impunes.

!PEDIMOS JUSTICIA POR CADA VÍCTIMA¡

Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-

(Asesores Jurídicos: Bufete DDHH)

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achí      -ADIVIMA-

Comunidad de Plan de Sánchez

(Asesores Jurídicos CALDH)

Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-

Asociación de Vecinos de Chicoyoguito

Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz -CODEVI-

(Asesores Jurídicos: Bufete DDHH)

Denuncian a ex-magistrados que anularon sentencia por genocidio en Guatemala

POR: ANDREA DOMÍNGUEZ | 10 MAYO, 2017 - 6:54 PM

Representantes de víctimas de la guerra civil guatemalteca (1960-1996) denunciaron este miércoles por prevaricato a tres exmagistrados por haber anulado, en 2013, una sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo a periodistas que presentaron la denuncia ante la Fiscalía contra Héctor Pérez y Roberto Molina, y una querella contra Alejandro Maldonado, todos ellos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.

Según el activista, la querella contra Maldonado se planteó debido a que goza de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano.

Tergiversaron los recursos

Explicó que los tres exjueces “tergiversaron” los recursos legales que se plantearon ante la CC para exonerar a Ríos Montt tras la sentencia de 80 años de prisión dictada por un tribunal el 10 de mayo de 2013 por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el noroeste del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

“Tres exmagistrados de la corte más alta de este país emitieron una resolución prevaricada”, afirmó Soto, al indicar que los jueces de la CC se basaron en “hechos falsos” para anular la sentencia emitida por la jueza Yassmin Barrios.

La anulación de la sentencia se basó en supuestos errores durante el proceso judicial, alegados por la defensa del militar de 90 años, por lo que se ordenó repetir el juicio.

Tras el anuncio de las denuncias contra los exmagistrados, el CALDH realizó un acto para recordar la sentencia condenatoria emitida hace cuatro años y que a su juicio se mantiene “vigente”.

El conflicto armado en Guatemala dejó, según un informe de la ONU presentado en 1999, unos 200.000 muertos y desaparecidos, y la mayoría de ellos fueron indígenas en masacres cometidas por soldados.

© Agence France-Presse

El 10 de mayo del 2013 se condena Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL EL GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN GUATEMALA, EN EL DÍA DE LA MADRE, MANIFIESTA:

En este día nos sumamos a las miles de personas que celebran el regalo de poder tener en vida  o  en  muerte  a  ese  ser  querido  invaluable  una  madre.  Con  el  fin  de  rendirle un merecido homenaje en esta fecha importante, en la que celebramos y reconocemos a nivel mundial el papel relevante y fundamental que han desarrollado todas las mujeres aportando en la conducción del destino de nuestros pueblos, hoy queremos expresar que no podemos OLVIDAR a: 

Rosa Elida Rodríguez de Molina 

Aurelia Cal Iqui 

Elva Raneth López Vicente

Dalila Vicente Mérida

Margarita Morales Canil 

María Ramírez Silvestre

Sandra Isabel Natareno Vásquez

 Matilde Má Ixim

Nélida Isabel Ramírez Miranda

Maura Tobar Lima

María Magdalena Tobar Lima

Julia Coc Juárez

Candelaria Pop Coy

Irma Marilú Hicho Ramos

María Villanova Rompichit Chiquin

Matilde Mac Ac

Paulina Chope Bocel 

María Angélica Chacón del Cid 

Santos Del Cid Escobar 

     quienes fueron detenidas y desaparecidas en el mes de mayo por las fuerzas de seguridad durante  los   gobiernos  militares  del  ex-general  José  Efraín   Ríos   Montt  (1981-1983); 

     ex-general fallecido  Humberto Mejía Víctores (1983-1986); así como los gobiernos civiles-militarizados de Jorge Serrano Elías (1990-1992) y Ramiro De León Carpio (1993-1994).

    La desaparición forzada practicada por el Estado, una acción nefasta aplicada por los gobiernos militares y civiles militarizados durante el Conflicto Armado Interno, vulneró, agravió y desestructuró la unidad familiar, porque hijos e hijas, hermanos y hermanas, esposos y esposas, tíos y tías, jamás pudieron volver a sus hogares para compartir con sus seres queridos. En este mes de las madres nos sumamos a las miles de madres a quienes les fue arrebatada la oportunidad de ver crecer a sus hijos, de disfrutarlos y de poder decirles todos los días hijos y de recibir de vuelta un cariñoso gesto de mamá; porque fueron detenidas y desaparecidas forzadamente. También nos sumamos a los miles de hijos huérfanos del Conflicto Armado Interno, a quienes les fue arrebatada su madre y de quien aún no saben la suerte de su paradero.

Los familiares de víctimas de Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala, hacen un llamado a los 158 diputados y diputadas, entre ellos madres e hijos para aprobar la iniciativa de ley 3590, la cual crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición; cuya iniciativa cuenta en la actualidad con segunda lectura y cumplió ya 10 años de permanecer en el Congreso de la República sin que haya una tercera lectura.

Hoy reafirmamos nuestro compromiso  de  continuar la lucha contra la impunidad, ya que el Estado de Guatemala, a través del  Organismo  Legislativo  tiene el deber y la obligación de garantizar  el  derecho  a  la  verdad  sobre los hechos acaecidos contra miles de personas, que  independientemente   de   su   posición  ideológica,  grupo  étnico,  condición  social  y económica, civil o militar fueron desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno.

Porque un pueblo que no reconoce su pasado se condena a repetirlo en el presente.

Ni el tiempo, ni el dolor, ni la soledad y ni aun la muerte podrá apagar la lucha por la búsqueda de nuestros seres queridos.