viernes, 27 de octubre de 2017
jueves, 19 de octubre de 2017
https://www.facebook.com/hastaencontrarles/videos/1127244914072668/
Sonia Judith Serrano busca a su padre desde 1980 este es el caso de hablar sobre su espera, sobre su amor, sobre su necesidad de buscarlo. #Yoapoyola3590
lunes, 9 de octubre de 2017
Guatemala, sigue siendo el país de América Latina con el mayor número de personas víctimas de la desaparición forzada, por lo que debemos exigirle al Organismo Legislativo que apruebe la iniciativa de ley 3590, que crea la
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN.
viernes, 6 de octubre de 2017
jueves, 21 de septiembre de 2017
FAMDEGUA
SE UNE A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA, POR LO QUE DEMANDA LA RENUNCIA DE LOS 107 DIPUTADOS Y DIPUTADAS QUE PROMUEVEN UN SISTEMA DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO, LA DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES, QUIEN HA SIDO BENEFICIADO POR PARTE DE 88 LEGISLADORES QUIENES NO APROBARON LA ELIMINACIÓN DEL ANTEJUICIO POR FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO.
martes, 12 de septiembre de 2017
PROCESAN A EXKAIBIL POR FALSO TESTIMONIO
El exkaibil, cabo especialista mecánico Mardoqueo Ortíz Morales, quien en el año de 1980, se unió a la fuerza de contrainsurgencia del Ejército de Guatemala. El día 4 de diciembre de 1982, Ortíz Morales fue desplegado con otros 16 especialistas kaibiles a la base de Santa Elena, Petén, para realizar un operativo contra supuestos grupos insurgentes en el Parcelamiento Las Dos Erres, de la Aldea Las Cruces, Municipio de La Libertad, El Petén.
En agosto de 1988, Ortíz Morales migro a Estados Unidos de forma irregular, estableciendo su residencia en el estado de Maryland, donde obtuvo en 1990 residencia permanente legal. Para el año 2006, solicita la ciudadanía estadounidense a través de los Servicios de Ciudadanía y Naturalización (CIS), en la entrevista afirmo falsamente y bajo juramento que no formaba parte de ninguna unidad o grupo militar en su país de origen.
La Asociación FAMDEGUA, en junio de 1994, interpuso una denuncia penal ante el Tribunal Penal de Primera Instancia de Petén por el delito de ejecución extrajudicial (asesinato) y contra deberes de humanidad en perjuicio de 250 personas del Parcelamiento de Las Dos Erres. El 04 de abril del 2000, esta instancia penal ordena la detención de Mardoqueo Ortíz Morales y para el 07 de marzo de 2002, se reitera la orden de aprehensión a petición del Fiscal Especial de Guatemala por los incidentes ocurridos en el Parcelamiento de Las Dos Erres.
En el mes de enero del año 2017, el exkaibil Mardoqueo Ortíz Morales, fue arrestado por el Servicio de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas, que lo investigo y acuso de FRAUDE MIGRATORIO, por no haber revelado su pertenencia a la unidad élite de Kaibiles del Ejército de Guatemala, además lo declaro en calidad de deportable por su participación en la masacre de Las Dos Erres.
Para el 25 de mayo de 2017, Ortíz Morales se declara culpable de intento de adquisición ilegal de cargos de naturalización como parte de un acuerdo de amparo con las autoridades estadounidenses, fijándole audiencia para el 08 de septiembre de 2017, fecha en la cual un Juez estadounidense lo ha condena a 11 meses y 15 días de cárcel por infringir las leyes migratorios.
La Asociación FAMDEGUA, considera fundamental que el exkaibil Mardoqueo Ortíz Morales, sea deportado hacia Guatemala, donde deberá ser juzgado por los delito de ejecución extrajudicial (asesinato) y contra deberes de humanidad en perjuicio de 250 personas del Parcelamiento de Las Dos Erres.
" EL DERECHO A LA VIDA ES LA BASE DE TODO DERECHO"
martes, 1 de agosto de 2017
LEY DE AMNISTÍA, DECRETO 8-86
EX-OFICIAL DE INTELIGENCIA S-2, DE LA ANTIGUA ZONA MILITAR No. 21, ACUSADO POR LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y CONTRA DEBERES DE HUMANIDAD DEMANDA LA APLICACIÓN DEL DECRETO 8-86.
El 31 de julio en la audiencia ante los magistrados de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, el abogado defensor del acusado César Cabrera Mejía, ex-oficial de inteligencia (S-2) del Ejército de Guatemala, en el caso de la antigua Zona Militar No. 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, solicito la aplicación del decreto Ley de Amnistía 8-86, la cual en su único considerando expresa: ..es conveniente conceder amnistía general por los delitos políticos y comunes, conexos acaecidos durante el periodo comprendido del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986...
El delito político, común y conexo, de acuerdo al derecho internacional humanitario, corresponde aquellos delitos de lesa humanidad, es decir, la desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial, el genocidio, delitos que cometieron durante el conflicto armado interno los altos mandos militares en perjuicio de la población civil no combatiente, entre ellos, estudiantes de secundaria y universitarios, catequistas, catedráticos(as), maestros(as), lideres(zas) comunitarios(as), sindicalistas, campesinos(as), ancianos(as), jóvenes y niños(as).
Por qué pedir la aplicación del decreto 8-86, Ley de Amnistía, cuando esta ha sido derogada por el decreto 145-1996, Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por el Congreso de la República el 18 de diciembre y publicada en el diario oficial el 27 de diciembre del año 1996, la cual en su artículo 8, dice tácitamente: ..no se aplicará la extinción de responsabilidad penal a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
La acción de amparo interpuesta evidencia la pretensión del acusado César Cabrera Mejía, ex-oficial de inteligencia (S-2) del Ejército de Guatemala, de perpetuar la impunidad, así como, busca retardar maliciosamente el derecho de acceso a la justicia que tienen los familiares de las víctimas de desaparición forzada.
lunes, 24 de julio de 2017
viernes, 14 de julio de 2017
EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA
La
Asociación FAMDEGUA ante la opinión pública nacional e internacional se
manifiesta
ANTE LA
CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE
Es lamentable y preocupante que los sectores que
defienden las inversiones mineras en nuestro país, pretendan manipular y
coartar el derecho inalienable de acceso a la Justicia e impedir mediante la
difamación que defensores y defensoras del Centro de Acción Legal, Ambiental y
Social de Guatemala (CALAS) continúen su trabajo de protección del medio
ambiente.
Guatemala sigue siendo un país donde los sectores de
poder económico manipulan los principios fundamentales de la Democracia y del
Estado de Derecho, las acciones implementadas por empresas afines a la empresa
minera San Rafael de difamación y desprestigio hacia el personal de CALAS se
recrudecen ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad que resolvió la
suspensión de operaciones de esta empresa.
Es inaceptable que estos sectores de poder económico,
principalmente aquellos que integran la Cámara de Industria en Guatemala,
quienes conjuntamente con la empresa minera San Rafael, pretendan desvirtuar el
fallo de la Corte de Constitucionalidad que favorece a la protección del medio
ambiente, argumentando que la acción de amparo interpuesta por la organización
CALAS es irresponsable, puesto que crea las condiciones para la desestabilización social, es decir, la conflictividad entre los trabajadores de
la empresa, el personal de CALAS y de los comunitarios que viven alrededor de
esta instalación minera.
Ante estos hechos nos SOLIDARIZAMOS con los defensores
y defensoras del medio ambiente, los comunitarios, y principalmente con el
personal del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS).
EXIGIMOS y DEMANDAMOS de las autoridades del
Ministerio de Gobernación, garantizar la seguridad e integridad personal de los
miembros de CALAS, así como, INSTAMOS a
la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia
de Derechos Humanos en Guatemala –COPREDEH- a pronunciarse en favor y con
carácter reivindicativo sobre el respeto al ejercicio y práctica de los
derechos y libertades fundamentales que tiene toda persona a recurrir a los
tribunales de justicia para garantizar la protección del medio ambiente.
“EL DERECHO A LA VIDA ES LA BASE DE TODO DERECHO”
lunes, 10 de julio de 2017
TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO "B"
SE EXCUSA DE CONOCER LA CAUSA PENAL
CONTRA SANTOS LOPEZ ALONZO.
HOY 10 DE JULIO SE DIO A CONOCER QUE EL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO "B" SE EXCUSO DE CONOCER LA CAUSA PENAL CONTRA EL EX-KAIBIL SANTOS LOPEZ ALONSO ACUSADO DE PARTICIPAR EN LA MASACRE DEL PARCELAMIENTO DE LA DOS ERRES, EL 07 DE DICIEMBRE DE 1982.
LOS JUECES DE ESTE TRIBUNAL MANIFESTARON QUE ESTA DECISIÓN TIENE SU FUNDAMENTO LEGAL, PUESTO QUE CONOCIERON LA CAUSA PENAL CONTRA PEDRO PIMENTEL RÍOS, OTRO EX-KAIBIL IMPLICADO EN LA MASACRE DE LAS DOS ERRES, EL CUAL FUE SENTENCIADO EL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
LA RESPONSABILIDAD DE LA CAUSA PENAL PARA LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO CONTRA SANTOS LÓPEZ ALONSO, DEBERÁ SER RESUELTA POR LOS JUECES SUPLENTES.
lunes, 26 de junio de 2017
SUSPENDEN AUDIENCIA DE VISTA PÚBLICA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR EL CASO DE LA ANTIGUA ZONA MILITAR No. 21 (CREOMPAZ).
El día de hoy, 26 de junio 2017,
nuevamente se les niega a los Familiares de las Víctimas en el caso CREOMPAZ,
el derecho a la Justicia. La audiencia
de vista pública programada para iniciarse a las 10:00 hrs. fue suspendida como
consecuencia de la irresponsabilidad de los Magistrados y suplentes de la Sala
de Vistas y Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, quienes no tomaron en
consideración y ponerse de acuerdo para llevarla a cabo, ya que cada uno estaría acudiendo a otra
audiencia también programada para la fecha.
Esto refleja, no solo el poco interés que tienen quienes imparten
justicia en Guatemala, de facilitar el derecho de acceso a la justicia y de la
garantía a la tutela judicial de la que deben gozar los familiares de las
víctimas, sino también, del irrespeto hacia las víctimas y familiares, estos
últimos que no escatimaron esfuerzos desde 02:00 am., en que iniciaron su recorrido
para asistir a dicho cónclave, para estar presentes y exigir justicia por las
graves violaciones a sus derechos y libertades fundamentales durante el
conflicto armado interno.
viernes, 23 de junio de 2017
jueves, 22 de junio de 2017
martes, 20 de junio de 2017
Conmemoracion 21 de junio 2017
37 AÑOS DE
SILENCIO,
37 AÑOS DE IMPUNIDAD,
37 AÑOS SIN SABER DONDE ESTÁN.
Este 21 de junio se cumplen 37 años de
silencio, de denegación de justicia y de no saber la verdad sobre el paradero
de los(as) sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) que fueron detenidos y posteriormente desaparecidos
forzadamente por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala, hecho que
hasta el día de hoy, sigue en la impunidad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los años de 1980 y 81 solicito al Gobierno de Guatemala información
sobre la denuncia recibida por esa instancia internacional el 26 de junio de
1980, referida a la desaparición forzada de: JORGE LUIS SERRANO, FLORENCIA XOCOP, SARA CABRERA FLORES, IRMA
CANDELARIA PEREZ OSORIO, LIDA CARLOTA PEREZ, CRISTINA YOLANDA CABRERA, SONIA
SARA ALECIO, HILDA CARLOTA PÉREZ MENDEZ, IRMA BARRIOS, FLORENTINO GOMEZ, MARIO CAMPOS VALLADARES, GONZALO
VASQUEZ, SELVIN ARNULFO GARCÍA LÓPEZ, MARIO MARTÍNEZ, BERNARDO MARROQUIN, OSCAR ARMANDO SALAZAR,
ISMAEL VASQUEZ, ERVIN RENÉ HERNÁNDEZ PAIZ, HÉCTOR MANUEL SANCHEZ GONZÁLEZ, MANUEL
RENÉ POLANCO SALGUERO, TOMAS ROBERTO POLL, MARIO SALQUERRE, PEDRO RAMOS MICATÚ,
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ RAMOS, RAFAEL ANTONIO AGUILAR
PÉREZ, AGUSTIN CHITAY CHAPETON, CRESENCIO CORONEL ORDOÑEZ, ALVARO OSWALDON
ESTRADA, ORLANDO ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ, LUIS RODOLFO BONILLA y BERNABÉ DE LA
CRUZ, integrantes de los sindicatos de Agricasa, Cermaco, Empresa Eléctrica de
Guatemalteca –EEGSA-, Enlozados Nacionales, Fábrica Kern´s, Faremost Dairy, Induplastic, Empresa
Embotelladora Coca Cola, Sistemas Electrónicos, Prensa Libre, Unión de
Transportistas TURSA y Vicks Vapor Rib.
La Comisión Interamericana en su resolución
33/81 del 25 de junio de 1981, ante la negativa del Estado de Guatemala de
investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de más de 25
sindicalistas, indica que este violó los Artículos 7
(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 15 (Derecho de
Reunión), 25 (Protección Judicial), y 4 (Derecho a la Vida) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Las acciones represivas de la desaparición
forzada aplicadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guatemala en este
día, no solo fueron a nivel de la Ciudad Capital, sino también, se dirigieron a
diversos departamentos, en donde se vieron afectadas las familias de ANDRÉS COY CAAL, GILBERTO SALVATIERRA
ESCOBAR, PEDRO AJTZALAN y SANTOS ATZALAN MUJ, originarios de Pambach, San Cristóbal
Verapaz, Alta Verapaz; de Las Cruces, La Libertad, El Petén y de la Aldea
Saquiyá, Patzún, Chimaltenango, respectivamente.
En el año 2002, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Mario
López Fuentes declaro ante el Ministerio Público que el recibió órdenes del
entonces Presidente José Efraín Ríos Montt y del Viceministro de la Defensa, Humberto
Mejía Víctores, cuando se le acuso por la comisión de los delitos de genocidio
y desapariciones forzadas en la menos 77
casos, sin embargo, a la fecha el Ministerio Público, ente encargado de la
investigación y persecución penal,
después de 15 años de iniciado el proceso investigativo, no ha accionado para
llevar este caso ante las instancias jurisdiccionales del Sistema de Justicia.
FAMDEGUA registro 276 denuncias por desaparición forzada correspondientes
al mes de mayo que datan desde los años de 1974 a 1993, que agravió a familias
de Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, El Petén, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango,
Izabal, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez, es decir, 12 de los 21
departamentos que conforman la República de Guatemala.
Finalmente, EXIGIMOS y DEMANDAMOS
al Gobierno Central de Guatemala a
impulsar una política pública en contra de la Desaparición Forzada, al Organismo Legislativo a aprobar con
carácter de urgencia nacional la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda
de las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado interno, así como,
al Ministerio Público garantizar el
derecho a la tutela legal efectiva a favor de los familiares sobrevivientes
interponiendo acciones que conlleven la captura de los responsables y su
sanción conforme a las leyes del país.
lunes, 19 de junio de 2017
viernes, 16 de junio de 2017
26º. ANIVERSARIO DE LUCHA POR LA VERDAD y JUSTICIA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA.
La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala FAMDEGUA- a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:
El 16 de junio de 1991, hace
26 años nos constituimos legal y públicamente, siendo nuestro principal
objetivo la búsqueda de la verdad sobre el paradero de nuestros seres queridos
detenidos y posteriormente desaparecidos por las fuerzas de seguridad y armadas
del Estado de Guatemala, durante el conflicto armado interno.
Durante este tiempo, hemos
contribuido a fortalecer el derecho de acceso a la justicia inherente a las
familias de las víctimas de desaparición forzada, las cuales demandan conocer la
VERDAD acerca de las circunstancias del modo y lugar en la que se dieron las
desapariciones de sus seres queridos, así como, su paradero o destino final.
La desaparición forzada, fue
una política de Estado de carácter selectivo desde los años de 1960, sin
embargo, está práctica que se generalizo en la década de los años 80; en la
medida que se agudizaban las protestas sociales e incrementaba el accionar del
movimiento insurgente; forma parte del diseño y planificación en los planes
contrainsurgentes, que estructuro y operativizo recursos humanos, económicos y
logísticos para la implementación por parte de las fuerzas de seguridad y
armadas del Estado de Guatemala contra la persona considerada como “enemigo
interno”, acción que es y sigue siendo un acto cruel, inhumano y nefasto para
la conciencia humana, principalmente para las familias sobrevivientes, que
siguen experimentando la continua negación de los hechos por parte de los
perpetradores civiles o militares que tuvieron la potestad de garantizar el
derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías
judiciales y a la protección judicial.
Estos años, nos han
permitido trabajar directamente con los familiares de las víctimas,
acompañándolas o apoyando las justas demandas, que se orientan a la recuperación
de la Memoria Histórica, a la Justicia, a la Reparación cultural, social,
política y jurídica, así como, al Resarcimiento material y económico. Aunado a ello, se han implementado procesos
de exhumaciones e inhumaciones que buscan dignificar a las víctimas, de estas
acciones tenemos como resultado la localización de 110 fosas clandestinas y la
recuperación de 1,670 osamentas correspondientes a hombres, mujeres, niños y
niñas, las cuales han sido entregadas a sus familiares.
Desde el año de 1994, comprometidos
con la lucha de los familiares sobrevivientes del conflicto armado interno, se impulsan
procesos sociales y litigios jurídicos que han contribuido a abrir una brecha
contra la impunidad, y permitir que en el marco de la Justicia Transicional,
hoy podamos decir con toda certeza que fue el Estado militarizado de los años
de 1960 a 1996, el mayor violador de los derechos humanos, prueba de ello son
los juicios concluidos, entre estos: la desaparición forzada en 1982 del
estudiante Edgar Paredes Chegüen por el ex-comisionado militar Isidro Cardona
Osorio, sentenciado a 50 años de prisión; la desaparición forzada de 6 personas
de la Aldea Choatalum, Chimaltenango,
por el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, sentenciado a 150
años; la masacre del Parcelamiento Las Dos Erres, La libertad, El Petén de 250
personas (niños, niñas, hombres y mujeres) por parte de oficiales y Kaibiles
del Ejército de Guatemala, de los cuales 5 fueron sentenciados a 6 mil años de
prisión y que en el presente año se sigue juicio contra el ex–general José
Efraín Ríos Montt y el ex-Kaibil Santos López Alonso; y el caso de la
desaparición forzada de 565 víctimas localizadas y exhumadas en la antigua Zona
Militar No. 21, hoy conocida como Comando
Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ).
Finalmente, queremos
agradecer en el marco de nuestro aniversario a todas aquellas organizaciones
sociales y de derechos humanos, así como, a la comunidad internacional, que nos
han acompañado todos estos años y confiado en que estos procesos contribuyen a
fortalecer el Estado de Derecho con Justicia Social.
jueves, 8 de junio de 2017
JUICIO CONTRA SANTOS LÓPEZ ALONSO IMPLICADO EN LA MASACRE DE LAS DOS ERRES.
El día 02 de junio del presente año, la Juez del Juzgado de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez, contralora del caso correspondiente a la masacre del Parcelamiento Las Dos Erres, hecho ocurrido el 07 de diciembre de 1982, admitió todos los medios de prueba presentados por el Ministerio Público como los de la defensa del acusado Santos López Alonso, asimismo, fijo fecha para el 23 de este mes la apertura del debate oral y público.
viernes, 19 de mayo de 2017
COMUNICADO PUBLICO
La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:
1. El 15 de mayo de 1984, hace 33 años fue detenido desaparecido por elementos de las fuerzas de seguridad y armadas del Estado de Guatemala; el hermano de una de las mujeres fundadoras de la Asociación FAMDEGUA; Rubén Amílcar Farfán quien junto a Carlos Ernesto Cuevas del Cid, Otto René Estrada Illescas, José Luis De León Díaz, Félix Estrada Mejía, las hermanas Maura y María Tobar Lima figuran entre las personas identificadas en el documento denominado Dossier de la Muerte o Diario Militar, que evidencia la responsabilidad estatal en la práctica de la desaparición forzada, una de las prácticas más abominables y perversas de la historia guatemalteca, que género en muchas madres y padres sentimientos de angustia, incertidumbre y dolor, que aún hoy día siguen siendo una tortura psicológica al no saber el paradero de sus seres queridos.
2. Desde la constitución de FAMDEGUA en
el año 1992, se tiene registrado en fichas 172 personas desaparecidas durante
el mes de mayo, correspondientes a hombres, mujeres, niños y niñas del año de 1978
hasta 1996, lo que demuestra que la práctica de la desaparición forzada, no fue
una acción aislada, sino era parte de una estrategia de los planes contrainsurgente
que silencio las voces disonantes con las políticas militaristas del Ejército
de Guatemala, quien asume la conducción del país durante la década de los años
sesenta.
3. En este día queremos RECORDARLOS y
DIGNIFICARLOS por su incansable lucha por construir una Guatemala diferente,
porque sus ideales siguen firmes y están presentes en nuestra lucha por la
búsqueda de cada uno, así como, del esclarecimiento de la verdad sobre lo
ocurrido a nuestros seres queridos.
4. EXIGIMOS Y DEMANDAMOS del Estado de Guatemala, la creación de una Comisión nacional para la
búsqueda de todas las personas víctimas de desaparición forzada durante el Conflicto
Armado Interno, como lo establecen las recomendaciones de los Informes de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH- y Recuperación de la Memoria
Histórica –REMHI- del Arzobispado de Guatemala.
Guatemala, 19 de mayo de 2017
MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA APELACIÓN ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD POR RESOLUCIÓN ILEGAL DE SALA EN CASO ZONA MILITAR No. 21 (CREOMPAZ)
La Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo, integrada por los magistrados Anabella Cardona Cámbara, Mynor Antonio Oxom Paredes y Marvin Fradigue Reyes Lee, denegó un amparo solicitado por el Ministerio Público interpuesto por la ilegal resolución de la Jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez quien no se pronunció en el acto de apertura a juicio sobre 90 víctimas de hechos delictivos dentro del caso de la antigua Zona Militar No. 21 (CREOMPAZ).
Denunciamos públicamente a los magistrados que integran esta Sala, ya que en su resolución NO fundamentan, ni analizan la actuación de la Jueza Claudette Domínguez y no entran a conocer los agravios por los cuales se plantea el amparo. Al conocer la resolución de la Sala se puede observar que fueron copiados los argumentos de la Jueza, y se puede apreciar que no fueron revisados los audios de las audiencias ni la documentación presentada por el Ministerio Público que respalda la acción de amparo.
Con esta resolución la Sala se convierte en cómplice de la impunidad por los delitos de desaparición forzada, muerte de hombres, mujeres, niños, niñas y violencia sexual de mujeres de las comunidades de Los Encuentros y Pambach e incluso de la impunidad por los hechos cometidos en la construcción del proyecto Proyecto Chixoy. La resolución de la Sala evidencia claramente una ilegalidad al dar la razón a la Jueza Claudette Domínguez por una violación a la ley cometida por ésta al no pronunciarse sobre estos hechos en la audiencia del 07 de junio de 2016, tal como lo establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, así como, el artículo 5 del referido Código al violentar el derecho a una tutela judicial efectiva para las víctimas.
En el amparo presentado por el Ministerio Público se explica a la Sala que, tal como lo vio la sociedad guatemalteca a través de los medios de comunicación, los hechos por los que no se pronunció la Jueza fueron debidamente imputados, situación que también consta en audios y que la misma Jueza obvió.
María Rafaela (32 años), Francisco Sánchez (4 años), Benita Osorio (27 años), Marina Chen (10 meses), Pedro López (24 años), y otras 85 personas víctimas de los delitos de desaparición forzada, contra los deberes de humanidad o violencia sexual, esperan JUSTICIA por los crímenes cometidos en la antigua Zona Militar No. 21.
Acudimos ahora a la Corte de Constitucionalidad ya que debe proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas ante esta grave violación a la Constitución Política de la República y se enmiende tan grave ilegalidad. Queda en manos de la Corte de Constitucionalidad restituir el derecho a la justicia denegado a las víctimas por la Jueza Claudette Domínguez y los magistrados Anabella Cardona Cámbara, Mynor Antonio Oxom Paredes y Marvin Fradigue Reyes Lee, sus nombres han quedado escritos en la memoria del pueblo que espera justicia.
El caso de la antigua Zona Militar No. 21, ahora CREOMPAZ, es un caso de gran magnitud, único en su naturaleza, pues nunca se había encontrado en un solo lugar tantas personas víctimas, 565 osamentas de la represión, por lo que todos los hechos no pueden quedar impunes.
!PEDIMOS JUSTICIA POR CADA VÍCTIMA¡
Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-
(Asesores Jurídicos: Bufete DDHH)
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en la Verapaces Maya Achí -ADIVIMA-
Comunidad de Plan de Sánchez
(Asesores Jurídicos CALDH)
Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-
Asociación de Vecinos de Chicoyoguito
Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz -CODEVI-
(Asesores Jurídicos: Bufete DDHH)
jueves, 11 de mayo de 2017
Denuncian a ex-magistrados que anularon sentencia por genocidio en Guatemala
POR: ANDREA DOMÍNGUEZ | 10 MAYO, 2017 - 6:54 PM
Representantes de víctimas de la guerra civil guatemalteca (1960-1996) denunciaron este miércoles por prevaricato a tres exmagistrados por haber anulado, en 2013, una sentencia por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo a periodistas que presentaron la denuncia ante la Fiscalía contra Héctor Pérez y Roberto Molina, y una querella contra Alejandro Maldonado, todos ellos exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.
Según el activista, la querella contra Maldonado se planteó debido a que goza de inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano.
Tergiversaron los recursos
Explicó que los tres exjueces “tergiversaron” los recursos legales que se plantearon ante la CC para exonerar a Ríos Montt tras la sentencia de 80 años de prisión dictada por un tribunal el 10 de mayo de 2013 por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el noroeste del país durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
“Tres exmagistrados de la corte más alta de este país emitieron una resolución prevaricada”, afirmó Soto, al indicar que los jueces de la CC se basaron en “hechos falsos” para anular la sentencia emitida por la jueza Yassmin Barrios.
La anulación de la sentencia se basó en supuestos errores durante el proceso judicial, alegados por la defensa del militar de 90 años, por lo que se ordenó repetir el juicio.
Tras el anuncio de las denuncias contra los exmagistrados, el CALDH realizó un acto para recordar la sentencia condenatoria emitida hace cuatro años y que a su juicio se mantiene “vigente”.
El conflicto armado en Guatemala dejó, según un informe de la ONU presentado en 1999, unos 200.000 muertos y desaparecidos, y la mayoría de ellos fueron indígenas en masacres cometidas por soldados.
© Agence France-Presse
miércoles, 10 de mayo de 2017
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL EL GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN GUATEMALA, EN EL DÍA DE LA MADRE, MANIFIESTA:
En
este día nos sumamos a las miles de personas que celebran el regalo de poder
tener en vida o en muerte a ese ser querido invaluable una madre. Con el fin de rendirle un merecido homenaje en esta fecha
importante, en la que celebramos y reconocemos a nivel mundial el papel relevante
y fundamental que han desarrollado todas las mujeres aportando en la conducción
del destino de nuestros pueblos, hoy queremos expresar que no podemos OLVIDAR a:
Rosa Elida Rodríguez de Molina
Aurelia Cal Iqui
Elva Raneth López Vicente
Dalila Vicente Mérida
Margarita Morales Canil
María Ramírez Silvestre
Sandra Isabel Natareno Vásquez
Matilde Má Ixim
Nélida Isabel Ramírez Miranda
Maura Tobar Lima
María Magdalena Tobar Lima
Julia Coc Juárez
Candelaria Pop Coy
Irma Marilú Hicho Ramos
María Villanova
Rompichit Chiquin
Matilde Mac Ac
Paulina Chope Bocel
María Angélica Chacón
del Cid
Santos Del Cid Escobar
quienes fueron detenidas y desaparecidas en el mes de mayo por las fuerzas de seguridad durante los gobiernos militares del ex-general José Efraín Ríos Montt (1981-1983);
ex-general fallecido Humberto Mejía Víctores (1983-1986); así como los gobiernos civiles-militarizados de Jorge Serrano Elías (1990-1992) y Ramiro De León Carpio (1993-1994).
La
desaparición forzada practicada por el Estado, una acción nefasta aplicada por
los gobiernos militares y civiles militarizados durante el Conflicto Armado Interno,
vulneró, agravió y desestructuró la unidad familiar, porque hijos e hijas,
hermanos y hermanas, esposos y esposas, tíos y tías, jamás pudieron volver a
sus hogares para compartir con sus seres queridos. En este mes de las madres nos
sumamos a las miles de madres a quienes les fue arrebatada la oportunidad de
ver crecer a sus hijos, de disfrutarlos y de poder decirles todos los días
hijos y de recibir de vuelta un cariñoso gesto de mamá; porque fueron detenidas
y desaparecidas forzadamente. También nos sumamos a los miles de hijos
huérfanos del Conflicto Armado Interno, a quienes les fue arrebatada su madre y
de quien aún no saben la suerte de su paradero.
Los familiares de víctimas de Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala, hacen un llamado a los 158 diputados y diputadas, entre ellos madres e hijos para aprobar la iniciativa de ley 3590, la cual crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición; cuya iniciativa cuenta en la actualidad con segunda lectura y cumplió ya 10 años de permanecer en el Congreso de la República sin que haya una tercera lectura.
Hoy
reafirmamos nuestro compromiso de continuar la lucha contra la impunidad, ya
que el Estado de Guatemala, a través del Organismo Legislativo tiene el deber y
la obligación de garantizar el derecho a la verdad sobre los hechos acaecidos
contra miles de personas, que independientemente de su posición ideológica, grupo étnico, condición social y económica, civil o militar fueron desaparecidas
durante el Conflicto Armado Interno.
Porque un
pueblo que no reconoce su pasado se condena a repetirlo en el presente.
Ni el tiempo,
ni el dolor, ni la soledad y ni aun la muerte podrá apagar la lucha por la
búsqueda de nuestros seres queridos.
jueves, 20 de abril de 2017
Así lo contó Oscar
e hizo que Steven Spielberg volteara a ver a Guatemala.
Así lo contó Oscar e hizo que Steven Spielberg volteara a ver a
Guatemala
Relato le cuenta a usted el testimonio del niño guatemalteco que sedujo
al cineasta Steven Spielberg por su trágica historia y la llevó al cine para
exaltar la memoria de una comunidad exterminada, Dos Erres, por el Ejército en
menos de 24 horas durante el conflicto armado.
Detrás del más malo
Oscar lo vio todo. Se ocultó tras las piernas del verdugo de su madre,
sus hermanos y la gente que él conocía aquella madrugada de diciembre de 1982.
En su mente de seis años de edad se tatuaron las imágenes de los militares que
llegaron a la aldea a sacar a la gente de sus casas.
Golpeaban a los hombres. Apenas amanecía. Apartaron a las mujeres y
niños. Cuando clareó el día, el militar tras el cual Oscar se escondió, ordenó
ejecutar a toda la población.
Oscar temblaba de miedo porque el hombre de traje de verde -Santos
López- pedía a los Kaibiles que destrozaran todo lo que se moviera.
El primero en ser lanzado al pozo fue un bebé de cuatro meses, lloraba,
estaba vivo, le siguieron los niños de la comunidad cuenta el pequeño.
Así pasaron las horas, arrastrándolos hacia la orilla del pozo donde los
ponían de rodillas y les preguntaban si eran de la guerrilla, les pegaban con
un mazo de hierro en el cráneo y los lanzaban al vacío. A esa tumba
improvisada.
Desde su premeditado refugio, Oscar observó cómo su mamá, una
aldeana dedicada a la crianza de animales y al cuidado de sus hermanos fue
llevada a rastras del pelo hacia una muerte inevitable. Su papá, un campesino
de oriente obligado a culatazos a entrar al salón de la escuela con otros
hombres.
Hubo gritos desgarradores, llantos y súplicas que se alojaron en la
mente de Oscar, durante mucho tiempo después del exterminio de unas 300
personas.
Cuando mediaba el día, sus claros ojos capturaron el momento cuando los
uniformados llenaron el pozo de personas, ¡¡¡Sí!!! de mujeres niños y hombres
que agonizaban. Oscar contó cómo un Kaibil vio un hombre que trató de salir y
tiró una granada en el pozo para cerciorarse que muriera.
Al llegar a su tope, cubrieron con tierra la superficie para sellar la
masacre cometida.
El pozo que se tragó la vida y las esperanzas de
una comunidad
Steven Spielberg y sus dos Oscar
El cineasta Steven Spielberg se caracteriza por presentar filmes que
cuentan la trágica vida de personas o de los humanos que dan su vida por causas
nobles como el empresario alemán, Oskar Schindler, quien salvó a 1 mil 100
judíos y cuya historia fue conocida como la Lista de Schindler.
Y la fatalidad vivida por Oscar llegó a los oídos del cineasta.
Oscar al verse descubierto y en sus cándidas palabras suplicó al militar
que no lo matara. Él cedió porque vio que no era un niño cualquiera, tenía algo
especial y era el color de sus ojos claros.
Recordó cómo el resto de gente fue llevada a la Aguada y los Salazares
en Petén. Allí los mataron sobre la superficie del terreno. Se calcula unas 190
personas y cada una recibió al menos 15 tiros.
Oscar o Ramiro al centro cuando fue obligado a
incorporarse al ejército.
“Aquella noche lloré tanto” dijo en su testimonio el pequeño “que me
quedé dormido”. “Cuando desperté iba en un helicóptero con otros niños”.
Más tarde el mismo militar al que había implorado vivir durante la
masacre en Dos Erres, se lo llevó a vivir a su lado por 15 años. Y Oscar fue
reclutado para combatir a la guerrilla. Pero un día decidió dar su testimonio
porque no soportaba más la carga y el pesar en el alma.
El militar molesto ordenó matarlo, Oscar desertó y buscó refugio para
salvarse. Derechos Humanos le dio asilo y es, hasta hoy, que Steven Spielberg y
el director Ryan Suffern revelan en el documental Finding Oscar (buscando a
Oscar) el misterio de lo que fue su vida todo este tiempo.
Oscar (nombre real Ramiro Osorio).
Masacre Dos Erres, Petén 1982
Fuente: Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)
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