Famdegua

La constante violación a los más elementales Derechos Humanos en la década de los 80's provocó que madres, padres y hermanos de personas Detenidas-Desaparecidas se organizaran para luchar por el aparecimiento de sus seres queridos y por el respeto general hacia los derechos humanos. Así se crea La Asociación "Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala" como entidad no lucrativa, nació el 16 de junio de 1992, y obtuvo su personalidad jurídica el 18 de febrero de 1994

viernes, 16 de junio de 2017


26º. ANIVERSARIO DE LUCHA POR LA VERDAD y JUSTICIA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA.

 La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala FAMDEGUA- a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:

El 16 de junio de 1991, hace 26 años nos constituimos legal y públicamente, siendo nuestro principal objetivo la búsqueda de la verdad sobre el paradero de nuestros seres queridos detenidos y posteriormente desaparecidos por las fuerzas de seguridad y armadas del Estado de Guatemala, durante el conflicto armado interno.

Durante este tiempo, hemos contribuido a fortalecer el derecho de acceso a la justicia inherente a las familias de las víctimas de desaparición forzada, las cuales demandan conocer la VERDAD acerca de las circunstancias del modo y lugar en la que se dieron las desapariciones de sus seres queridos, así como, su paradero o destino final.

La desaparición forzada, fue una política de Estado de carácter selectivo desde los años de 1960, sin embargo, está práctica que se generalizo en la década de los años 80; en la medida que se agudizaban las protestas sociales e incrementaba el accionar del movimiento insurgente; forma parte del diseño y planificación en los planes contrainsurgentes, que estructuro y operativizo recursos humanos, económicos y logísticos para la implementación por parte de las fuerzas de seguridad y armadas del Estado de Guatemala contra la persona considerada como “enemigo interno”, acción que es y sigue siendo un acto cruel, inhumano y nefasto para la conciencia humana, principalmente para las familias sobrevivientes, que siguen experimentando la continua negación de los hechos por parte de los perpetradores civiles o militares que tuvieron la potestad de garantizar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Estos años, nos han permitido trabajar directamente con los familiares de las víctimas, acompañándolas o apoyando las justas demandas, que se orientan a la recuperación de la Memoria Histórica, a la Justicia, a la Reparación cultural, social, política y jurídica, así como, al Resarcimiento material y económico.  Aunado a ello, se han implementado procesos de exhumaciones e inhumaciones que buscan dignificar a las víctimas, de estas acciones tenemos como resultado la localización de 110 fosas clandestinas y la recuperación de 1,670 osamentas correspondientes a hombres, mujeres, niños y niñas, las cuales han sido entregadas a sus familiares.

Desde el año de 1994, comprometidos con la lucha de los familiares sobrevivientes del conflicto armado interno, se impulsan procesos sociales y litigios jurídicos que han contribuido a abrir una brecha contra la impunidad, y permitir que en el marco de la Justicia Transicional, hoy podamos decir con toda certeza que fue el Estado militarizado de los años de 1960 a 1996, el mayor violador de los derechos humanos, prueba de ello son los juicios concluidos, entre estos: la desaparición forzada en 1982 del estudiante Edgar Paredes Chegüen por el ex-comisionado militar Isidro Cardona Osorio, sentenciado a 50 años de prisión; la desaparición forzada de 6 personas de la Aldea Choatalum, Chimaltenango,  por el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, sentenciado a 150 años; la masacre del Parcelamiento Las Dos Erres, La libertad, El Petén de 250 personas (niños, niñas, hombres y mujeres) por parte de oficiales y Kaibiles del Ejército de Guatemala, de los cuales 5 fueron sentenciados a 6 mil años de prisión y que en el presente año se sigue juicio contra el ex–general José Efraín Ríos Montt y el ex-Kaibil Santos López Alonso; y el caso de la desaparición forzada de 565 víctimas localizadas y exhumadas en la antigua Zona Militar No. 21, hoy conocida como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ).


Finalmente, queremos agradecer en el marco de nuestro aniversario a todas aquellas organizaciones sociales y de derechos humanos, así como, a la comunidad internacional, que nos han acompañado todos estos años y confiado en que estos procesos contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho con Justicia Social.

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