26º. ANIVERSARIO DE LUCHA POR LA VERDAD y JUSTICIA PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA.
La Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala FAMDEGUA- a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:
El 16 de junio de 1991, hace
26 años nos constituimos legal y públicamente, siendo nuestro principal
objetivo la búsqueda de la verdad sobre el paradero de nuestros seres queridos
detenidos y posteriormente desaparecidos por las fuerzas de seguridad y armadas
del Estado de Guatemala, durante el conflicto armado interno.
Durante este tiempo, hemos
contribuido a fortalecer el derecho de acceso a la justicia inherente a las
familias de las víctimas de desaparición forzada, las cuales demandan conocer la
VERDAD acerca de las circunstancias del modo y lugar en la que se dieron las
desapariciones de sus seres queridos, así como, su paradero o destino final.
La desaparición forzada, fue
una política de Estado de carácter selectivo desde los años de 1960, sin
embargo, está práctica que se generalizo en la década de los años 80; en la
medida que se agudizaban las protestas sociales e incrementaba el accionar del
movimiento insurgente; forma parte del diseño y planificación en los planes
contrainsurgentes, que estructuro y operativizo recursos humanos, económicos y
logísticos para la implementación por parte de las fuerzas de seguridad y
armadas del Estado de Guatemala contra la persona considerada como “enemigo
interno”, acción que es y sigue siendo un acto cruel, inhumano y nefasto para
la conciencia humana, principalmente para las familias sobrevivientes, que
siguen experimentando la continua negación de los hechos por parte de los
perpetradores civiles o militares que tuvieron la potestad de garantizar el
derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías
judiciales y a la protección judicial.
Estos años, nos han
permitido trabajar directamente con los familiares de las víctimas,
acompañándolas o apoyando las justas demandas, que se orientan a la recuperación
de la Memoria Histórica, a la Justicia, a la Reparación cultural, social,
política y jurídica, así como, al Resarcimiento material y económico. Aunado a ello, se han implementado procesos
de exhumaciones e inhumaciones que buscan dignificar a las víctimas, de estas
acciones tenemos como resultado la localización de 110 fosas clandestinas y la
recuperación de 1,670 osamentas correspondientes a hombres, mujeres, niños y
niñas, las cuales han sido entregadas a sus familiares.
Desde el año de 1994, comprometidos
con la lucha de los familiares sobrevivientes del conflicto armado interno, se impulsan
procesos sociales y litigios jurídicos que han contribuido a abrir una brecha
contra la impunidad, y permitir que en el marco de la Justicia Transicional,
hoy podamos decir con toda certeza que fue el Estado militarizado de los años
de 1960 a 1996, el mayor violador de los derechos humanos, prueba de ello son
los juicios concluidos, entre estos: la desaparición forzada en 1982 del
estudiante Edgar Paredes Chegüen por el ex-comisionado militar Isidro Cardona
Osorio, sentenciado a 50 años de prisión; la desaparición forzada de 6 personas
de la Aldea Choatalum, Chimaltenango,
por el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, sentenciado a 150
años; la masacre del Parcelamiento Las Dos Erres, La libertad, El Petén de 250
personas (niños, niñas, hombres y mujeres) por parte de oficiales y Kaibiles
del Ejército de Guatemala, de los cuales 5 fueron sentenciados a 6 mil años de
prisión y que en el presente año se sigue juicio contra el ex–general José
Efraín Ríos Montt y el ex-Kaibil Santos López Alonso; y el caso de la
desaparición forzada de 565 víctimas localizadas y exhumadas en la antigua Zona
Militar No. 21, hoy conocida como Comando
Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ).
Finalmente, queremos
agradecer en el marco de nuestro aniversario a todas aquellas organizaciones
sociales y de derechos humanos, así como, a la comunidad internacional, que nos
han acompañado todos estos años y confiado en que estos procesos contribuyen a
fortalecer el Estado de Derecho con Justicia Social.
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