37 AÑOS DE
SILENCIO,
37 AÑOS DE IMPUNIDAD,
37 AÑOS SIN SABER DONDE ESTÁN.
EN EL DÍA NACIONAL
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL EXPRESAMOS:
Este 21 de junio se cumplen 37 años de
silencio, de denegación de justicia y de no saber la verdad sobre el paradero
de los(as) sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) que fueron detenidos y posteriormente desaparecidos
forzadamente por las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala, hecho que
hasta el día de hoy, sigue en la impunidad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los años de 1980 y 81 solicito al Gobierno de Guatemala información
sobre la denuncia recibida por esa instancia internacional el 26 de junio de
1980, referida a la desaparición forzada de: JORGE LUIS SERRANO, FLORENCIA XOCOP, SARA CABRERA FLORES, IRMA
CANDELARIA PEREZ OSORIO, LIDA CARLOTA PEREZ, CRISTINA YOLANDA CABRERA, SONIA
SARA ALECIO, HILDA CARLOTA PÉREZ MENDEZ, IRMA BARRIOS, FLORENTINO GOMEZ, MARIO CAMPOS VALLADARES, GONZALO
VASQUEZ, SELVIN ARNULFO GARCÍA LÓPEZ, MARIO MARTÍNEZ, BERNARDO MARROQUIN, OSCAR ARMANDO SALAZAR,
ISMAEL VASQUEZ, ERVIN RENÉ HERNÁNDEZ PAIZ, HÉCTOR MANUEL SANCHEZ GONZÁLEZ, MANUEL
RENÉ POLANCO SALGUERO, TOMAS ROBERTO POLL, MARIO SALQUERRE, PEDRO RAMOS MICATÚ,
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ RAMOS, RAFAEL ANTONIO AGUILAR
PÉREZ, AGUSTIN CHITAY CHAPETON, CRESENCIO CORONEL ORDOÑEZ, ALVARO OSWALDON
ESTRADA, ORLANDO ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ, LUIS RODOLFO BONILLA y BERNABÉ DE LA
CRUZ, integrantes de los sindicatos de Agricasa, Cermaco, Empresa Eléctrica de
Guatemalteca –EEGSA-, Enlozados Nacionales, Fábrica Kern´s, Faremost Dairy, Induplastic, Empresa
Embotelladora Coca Cola, Sistemas Electrónicos, Prensa Libre, Unión de
Transportistas TURSA y Vicks Vapor Rib.
La Comisión Interamericana en su resolución
33/81 del 25 de junio de 1981, ante la negativa del Estado de Guatemala de
investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de más de 25
sindicalistas, indica que este violó los Artículos 7
(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 15 (Derecho de
Reunión), 25 (Protección Judicial), y 4 (Derecho a la Vida) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Las acciones represivas de la desaparición
forzada aplicadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guatemala en este
día, no solo fueron a nivel de la Ciudad Capital, sino también, se dirigieron a
diversos departamentos, en donde se vieron afectadas las familias de ANDRÉS COY CAAL, GILBERTO SALVATIERRA
ESCOBAR, PEDRO AJTZALAN y SANTOS ATZALAN MUJ, originarios de Pambach, San Cristóbal
Verapaz, Alta Verapaz; de Las Cruces, La Libertad, El Petén y de la Aldea
Saquiyá, Patzún, Chimaltenango, respectivamente.
En el año 2002, el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Mario
López Fuentes declaro ante el Ministerio Público que el recibió órdenes del
entonces Presidente José Efraín Ríos Montt y del Viceministro de la Defensa, Humberto
Mejía Víctores, cuando se le acuso por la comisión de los delitos de genocidio
y desapariciones forzadas en la menos 77
casos, sin embargo, a la fecha el Ministerio Público, ente encargado de la
investigación y persecución penal,
después de 15 años de iniciado el proceso investigativo, no ha accionado para
llevar este caso ante las instancias jurisdiccionales del Sistema de Justicia.
FAMDEGUA registro 276 denuncias por desaparición forzada correspondientes
al mes de mayo que datan desde los años de 1974 a 1993, que agravió a familias
de Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Chimaltenango, El Petén, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango,
Izabal, San Marcos, Sololá y Suchitepéquez, es decir, 12 de los 21
departamentos que conforman la República de Guatemala.
Finalmente, EXIGIMOS y DEMANDAMOS
al Gobierno Central de Guatemala a
impulsar una política pública en contra de la Desaparición Forzada, al Organismo Legislativo a aprobar con
carácter de urgencia nacional la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda
de las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado interno, así como,
al Ministerio Público garantizar el
derecho a la tutela legal efectiva a favor de los familiares sobrevivientes
interponiendo acciones que conlleven la captura de los responsables y su
sanción conforme a las leyes del país.
