JUEZA PESQUISIDORA DEBE DAR CON LUGAR EL ANTEJUICIO, PRUEBAS DE DIPUTADO OVALLE CARECEN DE FUNDAMENTO.
El 14 de febrero pasado el diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado se presentó ante la Jueza Pesquisidora Benicia Contreras Calderón para presentar sus pruebas de descargo frente al proceso de antejuicio en su contra dentro del caso por graves violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada y violencia sexual cometida en la Zona Militar No. 21 (actualmente CREOMPAZ) durante el conflicto armado interno, lugar donde estuvo el actual diputado.
Ante la campaña mediática desencadenada luego de su comparecencia, las víctimas y organizaciones querellantes en este caso manifestamos a la sociedad guatemalteca, al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la comunidad internacional que las pruebas presentadas pretenden desvirtuar los hechos por lo que se ha pedido su antejuicio. Además, que los hechos atribuidos por el Ministerio Público se encuentran debidamente acreditados con un conjunto de prueba que establece la responsabilidad del señor Justino Ovalle en dichos hechos.
Los elementos presentados por el señor Edgar Justino Ovalle Maldonado ante la Jueza Pesquisidora y difundidos a través de algunos medios de comunicación, tienen el propósito de desinformar a la población y a la comunidad internacional respecto a la responsabilidad en que incurrió el señor Justino Ovalle durante el tiempo en el que ejerció los cargos de S2 y S3 en la Zona Militar No. 21 con Sede en Cobán, Alta Verapaz en el conflicto armado interno.
De conformidad con el derecho internacionalidad y nacional, las víctimas del conflicto armado interno deben ser tuteladas y por tanto, es obligación del Estado, investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. Es importante aclarar que la información que ha circulado por los medios de comunicación en defensa del señor Justino Ovalle tergiversa los hechos y las pruebas con que el Ministerio Público acredita la responsabilidad de dicha persona.
La ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- y el Código Procesal Penal, plantean que el Ministerio Público tiene la facultad de requerir en cualquier caso, la práctica de peritajes tanto al INACIF, como a cualquier otra persona particular que sea idónea para la práctica de los mismos, sin ser requisito necesario tener la calidad de colegiado activo, por lo que todos los peritajes presentados por el MP están enmarcados en la ley.
La Secretaria General a.i. Gabriela González Cornejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses carece de facultades legales conforme a la ley y a los manuales de organización, procedimientos y funciones, para dictaminar y concluir sobre las entidades que tienen facultades legales para emitir informes científicos, pues esto se encuentra claramente determinado en la ley.
Se DEMANDA la investigación por parte de las máximas autoridades del INACIF, como del Ministerio Público la investigación y en su caso procesamiento y sanción, de la Secretaria en mención para deducir las responsabilidades administrativas, penales y civiles derivadas de los dictámenes u oficios expedidos con inobservancia de la facultades legales propias del cargo desempeñado, así como, determinar si para la emisión de los dictámenes de dicha persona concurrieron hechos que sean calificados por la ley como tráfico de influencias u otras conductas delictivas.
Las víctimas de la Zona Militar No. 21 han esperado más de treinta años justicia, por lo que EXIGIMOS a la Jueza Pesquisidora que, dentro de los plazos legales y con estricto apego a la ley, emita el informe o dictamen correspondiente ante la Corte Suprema de Justicia DECLARANDO CON LUGAR EL ANTEJUICIO del diputado Justino Ovalle, para garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas por las graves violaciones de derechos humanos.
EXIGIMOS EL ANTEJUICIO CONTRA EL DIPUTADO OVALLE
Guatemala, 16 de febrero de 2017
Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-
(asesores jurídicos: Bufete DDHH)
Comunidad de Plan de Sánchez
(asesores jurídicos: CALDH)
Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia
en las Verapaces Maya-Achí -ADIVIMA
Asociación de Vecinos de finca Chicoyoguito
Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz -CODEVI-
(asesores jurídicos: Bufete DDHH)
No hay comentarios:
Publicar un comentario